SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El presidente de la Junta Central Electoral acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dar un trato desconsiderado a la República Dominicana en el caso en que se acusa al país de violar derechos a ciudadanos de ascendencia haitiana.

Roberto Rosario Márquez afirmó que al convocar a participar en una audiencia sobre supuesta violación de los derechos humanos en perjuicio de personas de ascendencia haitiana sin ofrecer el plazo reglamentario para la preparación de la defensa, se ha desconsiderado a la República Dominicana.

Rosario Márquez sostuvo que la CIDH no respetó la dignidad del Estado dominicano, al convocarlo a una audiencia sin especificar los nombres de las personas supuestamente afectadas por la negación de documentos de identidad, y violando los tiempos establecidos por sus propios reglamentos.

“Todos los dominicanos, sin distinción, tienen que llenar un procedimiento para la obtención de la Cédula de Identidad y Electoral, que incluye la presentación de un acta de nacimiento, procedimiento que pretende ser violado”

A su entender, el Estado dominicano debe participar en esa audiencia y emitir una nota de protesta, para que a partir de ahora la CIDH tenga la delicadeza de cumplir con los plazos establecidos en sus propios reglamentos a la hora de convocar a la República Dominicana en el futuro.

El presidente de la JCE también se quejó porque, supuestamente, las organizaciones que reclaman los derechos de los ciudadanos de ascendencia haitiana no esperaron que su denuncia fuera conocida de manera definitiva en el país, tomando en cuenta que actualmente existe una apelación a dos recursos de amparos auspiciados por esas mismas organizaciones, ante el Tribunal Constitucional.

Rosario Márquez dijo que esas organizaciones “buscan privilegios” para las personas a las que apoyan.

“Todos los dominicanos, sin distinción, tienen que llenar un procedimiento para la obtención de la Cédula de Identidad y Electoral, que incluye la presentación de un acta de nacimiento, procedimiento que pretende ser violado por organizaciones que reclaman un trato privilegiado para las personas que ellos defienden”, dijo el presidente de la JCE.

En la rueda de prensa, el Presidente de la Junta Central Electoral dijo que la institución fue informada de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó una audiencia para conocer denuncias hechas por un grupo de Organizaciones no Gubernamentales e instituciones internacionales afines, respecto del reclamo a la nacionalidad de dominicanos de ascendencia haitiana, para el próximo 2 de noviembre.

Resaltó que, según el documento recibido en esta fecha, la solicitud en cuestión fue remitida el 20 de de octubre al señor Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH.

Indicó que el escrito contentivo de la información que suministraron los solicitantes fue tramitado dos días después, por la señora Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión.

“El doctor Roberto B. Saladín, Embajador Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, lo envió el 23 de octubre al Ingeniero Carlos Morales Troncoso, Ministro de Relaciones Exteriores. En todo su escrito genérico, los denunciantes no han aportado hechos puntuales que demuestren la violación de derecho específico, momento a partir del cual corren los plazos del derecho internacional; lo cual al día de hoy no ha ocurrido”, dijo Rosario Márquez.

“Como se puede observar, al Estado Dominicano no se le ha concedido el tiempo mínimo prudente para presentarse a conocer de los alegatos expuestos por las organizaciones denunciantes, con lo cual la Comisión ha violado los artículos 64 y 66 de sus propios reglamentos”, argumentó.

Citó el Artículo 64, que establece lo siguiente que “las audiencias sobre peticiones o casos tendrán por objeto recibir exposiciones verbales y escritas de las partes sobre hechos nuevos e información adicional a la que ha sido aportada durante el procedimiento. La información podrá referirse a alguna de las siguientes cuestiones: admisibilidad; inicio o desarrollo del procedimiento de solución amistosa; comprobación de los hechos; fondo del asunto; seguimiento de recomendaciones; o cualquier otra cuestión relativa al trámite de la petición o caso”.

Asimismo, el citado artículo manda que la Secretaría Ejecutiva informe a las partes acerca de la fecha, lugar y hora de la audiencia, con una anticipación no menor a un mes de su celebración.

Agregó que el artículo 66 ordena que los interesados en presentar a la Comisión testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más Estados, o sobre asuntos de interés general, deberán solicitar por escrito una audiencia a la Secretaría Ejecutiva, con una anticipación no menor a 50 días del inicio del correspondiente período de sesiones de la Comisión.

El Presidente de la Junta Central Electoral manifestó que la rapidez en el tiempo establecido, y en sentido general, la forma en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está abordando el tema, revela un alto nivel de desconsideración a la República Dominicana, como Estado miembro. “Más aún, si se tiene en cuenta que a la fecha no hemos sido informados de los casos específicos, ni de las personas supuestamente afectadas, con los alegados procesos violatorios a los Derechos Humanos. Esto imposibilita que la Junta Central Electoral suministre al Estado dominicano las informaciones y documentos necesarios para defender la legalidad, y la dignidad de nuestro país”, expresó Rosario Márquez.

Indicó que la Junta Central Electoral hace saber su inconformidad con este tratamiento, desconocedor de elementales normas democráticas y de procedimiento.

Recordó que en fecha 28 de enero del año 2011, el Estado dominicano formalizó ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una invitación verbal hecha el 24 de enero de 2011, para que se trasladara a República Dominicana para in-situ recabar información y conocimiento de los temas vinculados al Registro de nacionales y extranjeros en el territorio dominicano.

“Desde esa fecha hasta el día de hoy ha transcurrido un año y nueve meses; el Estado Dominicano y la Junta Central Electoral no han merecido de la CIDH siquiera una carta de cortesía declinando la invitación”, expresó. FUENTE ACENTO.COM.DO