A punto de cumplirse cuatro meses desde el anuncio del cese de la violencia de ETA, se afianza el convencimiento de que éste es irreversible. Pero, a la vez, afloran algunas contradicciones derivadas de la forma en que se llegó a ese anuncio. Los de Otegi proclamaron que la violencia ya no era necesaria, pero a la vez sostenían que eso era posible gracias a la lucha anterior de ETA. Y la banda anunció su cese en respuesta a una petición de un grupo de personalidades internacionales que ligaban ese final al establecimiento de conversaciones sobre el futuro de los presos. En esa petición se apoya ETA para reclamar una negociación directa, aunque secreta, con el Gobierno, como condición para entregar las armas.

Y es esa pretensión lo que hace conveniente un acuerdo entre los principales partidos democráticos y los gobiernos español y de Vitoria, especialmente sobre la política penitenciaria. Rajoy pide prudencia y está a la espera de próximas decisiones de los tribunales para ver el margen con que cuenta. La existencia de 550 presos sin expectativas claras de reinserción puede ser una bandera para los sectores contrarios al cese definitivo; pero reconocer a la banda como interlocutor sería apostar por que el paso siguiente sea una negociación política sobre el programa en cuyo nombre ha asesinado a más de 800 personas. Lo que supondría quebrar el criterio de un final sin contrapartidas, sobre el que se asienta el actual consenso respecto al fin de ETA.

Las próximas resoluciones a los recursos sobre la doctrina Parot (que permitió prolongar el periodo de cumplimiento de decenas de reclusos), sobre la condena de Otegi por intentar reconstruir Batasuna y sobre la legalización de Sortu marcarán los límites de las iniciativas posibles: hasta qué punto el cese de ETA permite flexibilizar las medidas penitenciarias, endurecidas hace una década para favorecer el desistimiento de los reclusos. A la luz de tales resoluciones podrán fijarse los límites de las iniciativas posibles; por ejemplo, poner fin a la dispersión y decidir en qué condiciones podría incorporarse la izquierda abertzale al pacto entre los demás partidos vascos, como propone el PNV. Que reclame la disolución de ETA sería el mínimo necesario para considerar la posibilidad de esa incorporación.

La oportunidad del pacto propuesto por los partidos vascos se ha visto confirmada por la confusión creada por declaraciones contradictorias del ministro del Interior. Primero cuestionó la irreversibilidad del cese de la actividad armada de ETA o de la extorsión a los empresarios, afirmaciones que después rectificó. Su indicación de que el problema de ETA tiene una “dimensión política” ha sido interpretada por la izquierda abertzale como el reconocimiento de que tras la violencia etarra existía un conflicto político pendiente. Es una interpretación absurda, aunque es cierto que rectifica a sectores del PP que niegan relevancia al paso dado por ETA. Una vez desaparecida la amenaza de la violencia, los demás problemas deberían abordarse por vías políticas, y no solo judiciales o policiales.