Santo Domingo .- En un movimiento que ha sacudido la diplomacia regional, el Gobierno de Venezuela ha ordenado la expulsión inmediata de las representaciones diplomáticas de siete países latinoamericanos. La decisión, anunciada este lunes, afecta a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Caracas ha tomado esta medida en respuesta a la negativa de estos países a reconocer la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado condenando lo que denominó «acciones y declaraciones injerencistas de un grupo de gobiernos de derecha subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional».

Según el gobierno venezolano, estos países pretenden desconocer los resultados de los comicios que, según las autoridades electorales, dieron la victoria a Maduro para un nuevo periodo constitucional de 2025 a 2031.

En el comunicado oficial, se exigió la retirada inmediata de los representantes diplomáticos de los países mencionados, subrayando que Venezuela «se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación».

La declaración también destacó que el Gobierno Bolivariano enfrentará cualquier acción que atente contra el clima de paz y convivencia que, según ellos, ha sido arduamente alcanzado por el pueblo venezolano.

La medida ha sido recibida con diversas reacciones a nivel internacional. Algunos gobiernos han expresado su solidaridad con los países afectados, mientras que otros han instado a Venezuela a reconsiderar su posición para evitar una escalada de tensiones en la región.

Uno de los pronunciamientos más destacados provino del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien a través de su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), manifestó su «profunda preocupación por el proceso electoral en Venezuela».

Abinader enfatizó que «la transparencia debe ser la base de su legitimidad. Las reglas electorales no se pueden aplicar a discreción». Además, hizo un llamado a un recuento de las actas con verificación internacional como una medida indispensable para reconocer el resultado.

Por otro lado, analistas políticos han señalado que la expulsión de diplomáticos podría tener serias repercusiones económicas y políticas para Venezuela, especialmente en términos de comercio y cooperación regional. Algunos expertos sugieren que esta medida podría aislar aún más al país en la escena internacional y dificultar la búsqueda de soluciones diplomáticas a la crisis que atraviesa.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Maduro se enfrenta a la desaprobación internacional respecto a procesos electorales. En ocasiones anteriores, varios países y organizaciones internacionales han cuestionado la transparencia y equidad de las elecciones en Venezuela, alegando irregularidades y falta de observación imparcial.

En los días venideros, se espera que los países afectados y otras naciones del continente emitan declaraciones formales en respuesta a la expulsión de sus diplomáticos. Mientras tanto, la comunidad internacional observará de cerca los desarrollos en Venezuela, atentos a las posibles consecuencias de este nuevo conflicto diplomático.